La Constitución Europea no pretende proporcionar a la Unión Europea nuevas competencias relevantes en los ámbitos de la libertad, la seguridad o la justicia, ni alterar sus objetivos. Pero representa un paso adelante en el camino recorrido por la UE desde una integración económica limitada a una unión de derechos humanos y civiles fundamentales.
Si los ciudadanos de los Estados miembros aprobasen, y los gobiernos ratificasen, el Tratado Constitucional, no sólo simplificará y acelerará el tratamiento a escala europea en cuanto a Justicia y Asuntos de Interior, sino que también aportará mayor transparencia y responsabilidad democrática en la adopción de decisiones.
La Constitución consolida y simplifica los diversos Tratados básicos de la identidad de la UE. El Tratado de Maastricht de 1992 establece una estructura de la Unión con ‘tres pilares’, donde las responsabilidades de la Comunidad Europea y la política exterior y de seguridad común integran los dos primeros pilares, mientras que la justicia y los asuntos de interior forman el tercer pilar y donde la mayoría de las decisiones sólo pueden adoptarse por acuerdo unánime entre los gobiernos nacionales. La Constitución pone término a esta compleja estructura y otorga a la Comisión Europea el derecho exclusivo de iniciativa en la mayoría de los asuntos de justicia e interior.
Por otra parte, incorpora el Voto por Mayoría Cualificada (VMC) en la toma de decisiones del Consejo, salvo algunos asuntos específicos como cooperación policial operativa y derecho de familia, donde todavía debe procederse por unanimidad.
De conformidad con la Constitución, el Tribunal Europeo de Justicia será competente para examinar y revisar a escala judicial todas estas actividades y tendrá el deber de salvaguardar los derechos de los ciudadanos a título individual, mientras que la Comisión obtendrá más responsabilidad para asegurarse de que la legislación europea esté correctamente aplicada en el ámbito nacional, con derecho a interponer procedimientos de infracción, así como en otros campos de política de la UE, contra los Estados miembros que no actúen de acuerdo con la legislación europea.
Si los ciudadanos de los Estados miembros aprobasen, y los gobiernos ratificasen, el Tratado Constitucional, no sólo simplificará y acelerará el tratamiento a escala europea en cuanto a Justicia y Asuntos de Interior, sino que también aportará mayor transparencia y responsabilidad democrática en la adopción de decisiones.
La Constitución consolida y simplifica los diversos Tratados básicos de la identidad de la UE. El Tratado de Maastricht de 1992 establece una estructura de la Unión con ‘tres pilares’, donde las responsabilidades de la Comunidad Europea y la política exterior y de seguridad común integran los dos primeros pilares, mientras que la justicia y los asuntos de interior forman el tercer pilar y donde la mayoría de las decisiones sólo pueden adoptarse por acuerdo unánime entre los gobiernos nacionales. La Constitución pone término a esta compleja estructura y otorga a la Comisión Europea el derecho exclusivo de iniciativa en la mayoría de los asuntos de justicia e interior.
Por otra parte, incorpora el Voto por Mayoría Cualificada (VMC) en la toma de decisiones del Consejo, salvo algunos asuntos específicos como cooperación policial operativa y derecho de familia, donde todavía debe procederse por unanimidad.
De conformidad con la Constitución, el Tribunal Europeo de Justicia será competente para examinar y revisar a escala judicial todas estas actividades y tendrá el deber de salvaguardar los derechos de los ciudadanos a título individual, mientras que la Comisión obtendrá más responsabilidad para asegurarse de que la legislación europea esté correctamente aplicada en el ámbito nacional, con derecho a interponer procedimientos de infracción, así como en otros campos de política de la UE, contra los Estados miembros que no actúen de acuerdo con la legislación europea.
No hay comentarios:
Publicar un comentario